La compañía Ecopek anunció que el 31 de marzo cerrará su planta de reciclaje en General Pacheco, partido de Tigre. Lo hizo a través de un comunicado de su director, Emilio Larrañaga.  En el comunicado adjudicó esta decisión a  la baja demanda y una “baja expectativa de que se pueda recuperar la misma sin un marco regulatorio que incentive el uso de material reciclado, como en el resto de los países de la región”. 

La planta emplea alrededor de 40 trabajadores y aún se desconoce cuál será su destino tras el cierre de la misma. Al tratarse de una planta de reciclaje, el cierre impactará también en el trabajo de los recuperadores urbanos que llevan adelante los procesos de recolección del material reciclable en la región. La noticia se da en un contexto de fuerte caída de la actividad industrial en el país que afecta especialmente a la Provincia de Buenos Aires. Según informó el gobierno bonaerense, en la provincia se perdieron alrededor de 62.000 puestos de trabajo en los últimos dos años.

La particularidad del cierre es el impacto negativo que tendrá en materia ambiental. La contaminación por plástico tiene serias consecuencias sanitarias, económicas y sociales. Los basurales a cielo abierto, focos de contaminación perjudiciales para las personas y el ecosistema, son uno de los principales problemas ambientales del país. Parte importante de la solución a esta problemática es la separación en origen de los residuos y su posterior reciclado. 

Las plantas de reciclaje brindan soluciones concretas para el tratamiento de residuos. El reciclado requiere de la articulación entre el Estado, la sociedad y las empresas y genera una cadena productiva que, a fines del año pasado, empleaba a más de 50.000 personas en el país. Si bien en Argentina cada vez se separan y recuperan más residuos, no existe una normativa vigente respecto al tratamiento de envases, esto ha sido señalado tanto por la empresa Ecopek como por organizaciones sociales y políticas. 

En este contexto, el cierre de una planta de reciclaje no solo implica la pérdida de puestos de trabajo directos e indirectos, sino que deja un vacío en el sistema local de tratamiento de residuos. Esto obligará a destinar más recursos al traslado y enterramiento de basura, con mayores costos económicos y ambientales para la gestión local.