La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires dio media sanción en septiembre al proyecto que declara de utilidad pública sujeto a expropiación a los terrenos del Delta de Tigre en los que, décadas atrás, había intentado instalarse el megaemprendimiento inmobiliario Colony Park. Estas tierras serán adjudicadas a la cooperativa isleña La Esperanza, un proyecto productivo y comunitario integrado por vecinos del Arroyo Anguilas y La Paloma. La propuesta legislativa fue presentada por la diputada Noelia Saavedra del bloque Unión por la Patria y, de ser aprobada en el Senado, se convertirá en ley.

La iniciativa busca proteger el modo de vida isleño y preservar los humedales del Delta del Paraná. Cabe destacar que este ecosistema, único en el mundo, cumple un importante rol ambiental y social que beneficia a toda la región metropolitana bonaerense.

Hace casi 20 años, esta zona de la Primera Sección de Islas había sido escenario de disputas territoriales a partir del conflicto entre familias isleñas, organizaciones locales y el megaemprendimiento inmobiliario de urbanización cerrada que allí pretendía instalarse (Colony Park). La polémica iniciativa privada prometía casas de hormigón, calles asfaltadas y circulación de automóviles. La organización de la comunidad hizo posible que la justicia clausure estas obras luego de corroborar los efectos del desmonte desmedido, el desvío de los cursos de agua, la pérdida de biodiversidad y la expulsión de la población isleña.

Hoy, esta región es ocupada por la Cooperativa de trabajo Isla Esperanza. La misma está integrada por vecinos que, además de enfrentarse al avance del megaemprendimiento, formaron un proyecto productivo y comunitario que elabora miel y objetos/productos de madera y junco. Además, reciben a investigadores de distintas universidades que buscan generar conocimiento sobre el humedal y la vida en el delta.  En el caso de que el Senado Bonaerense decida convertir en ley este proyecto, se le adjudicará a la cooperativa la propiedad a título oneroso. Esto implica, para la comunidad isleña, el logro de un gran objetivo y la preservación de los derechos ambientales de todos los bonaerenses.