La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quedó en el centro de la polémica luego de ser consultada por la situación salarial de los efectivos de las fuerzas federales y el fuerte nivel de endeudamiento que atraviesa al personal.
Durante una entrevista con Eduardo Feinmann, la funcionaria fue consultada por una problemática que preocupa cada vez más dentro de las fuerzas nacionales: los bajos salarios, el endeudamiento de los efectivos y los casos en los que las dificultades económicas aparecen vinculadas a situaciones extremas, incluso suicidios.
Sin embargo, Monteoliva evitó responder directamente sobre el salario de los agentes y el nivel de endeudamiento. En cambio, llevó la discusión hacia el aumento general de los suicidios en la sociedad y sostuvo: “No es que los policías se matan, todos se están matando”.
La ministra hizo referencia a un incremento del 30% en los suicidios dentro de las fuerzas, pero buscó relativizar que se trate de una problemática exclusivamente policial al señalar que el fenómeno también atraviesa al conjunto de la sociedad.
La respuesta dejó sin abordar el eje central de la consulta: ¿cuánto ganan actualmente los efectivos de las fuerzas federales, qué nivel de endeudamiento tienen y qué relación existe entre esa situación económica y los casos de suicidio registrados dentro de las fuerzas?
El planteo adquiere especial relevancia en un contexto en el que los efectivos reclaman mejoras salariales y denuncian dificultades para llegar a fin de mes, mientras una parte del personal recurre al endeudamiento para afrontar sus gastos cotidianos.
La discusión, de este modo, no pasa solamente por las estadísticas de suicidio. También pone bajo la lupa las condiciones económicas de quienes integran las fuerzas nacionales y la respuesta del Gobierno frente a una situación que combina salarios insuficientes, endeudamiento y un creciente desgaste entre los efectivos.
La frase de Monteoliva “todos se están matando” terminó desplazando el foco de una pregunta concreta sobre las condiciones económicas de los agentes y volvió a instalar el debate sobre qué respuesta está dando el Estado frente a la situación de quienes forman parte de las fuerzas federales.