La senadora marplatense de Unión por la Patria, Fernanda Raverta, presentó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires un proyecto para que el Estado provincial recupere la titularidad y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal, ya que actualmente no cumplen el fin social para el cual fueron afectados. La iniciativa también establece que los terrenos y edificios que integran el predio forman parte del patrimonio histórico y social de la Provincia de Buenos Aires y deben utilizarse para el turismo social.  Por este motivo, se prohíbe cualquier forma de explotación comercial privada que excluya la finalidad social.

Al referirse al proyecto, Raverta expresó: “El gobierno de Milei quiere desprenderse de un patrimonio que nació para garantizar el derecho a las vacaciones de miles de argentinos. Nosotros proponemos exactamente lo contrario: recuperarlo, protegerlo y asegurar que siga siendo de todos”. También se refirió al origen histórico del complejo turístico y remarcó: “Chapadmalal nació con el peronismo a partir de 1945 y se consolidó como una política pública que garantizó el acceso de los trabajadores a las vacaciones y al mar”

En su argumentación, el texto parlamentario también rememora el origen de la unidad turística, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón y sostiene: “No nació como un simple conjunto de edificios hoteleros, sino como el testimonio arquitectónico de un derecho conquistado: el acceso de los trabajadores al descanso, al mar y a la dignidad.”

Cabe destacar que los hoteles de Chapadmalal se construyeron a mediados del siglo XX, instaurando el turismo social como complemento del derecho a gozar de vacaciones pagas. Fueron desarrollados por instituciones sin fines de lucro y su objetivo principal fue garantizar el acceso al turismo a sectores de escasos recursos económicos. Recientemente, la gestión del presidente Javier Milei y el Secretario de Turismo Daniel Scioli decidió clausurar las instalaciones y proyectar esquemas de concesión a privados por 30 años, lo que podría implicar una desviación de la finalidad pública que afecta la esencia de este bien.