La diputada provincial de Unión por la Patria, Margarita Recalde, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en discapacidad  por un año en toda la Provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca garantizar la continuidad en el funcionamiento de los establecimientos educativos y centros de día para personas con discapacidad.

La normativa establece que el Poder Ejecutivo bonaerense incremente de forma inmediata y progresiva las partidas presupuestarias destinadas a subvencionar los establecimientos educativos de educación especial. También establecer un plan de pagos de deudas tributarias y previsionales para centros de día, talleres protegidos y establecimientos educativos de gestión privada dedicados a la educación especial. Esta medida busca regularizar aportes patronales.

La propuesta surge en un contexto de crisis y desfinanciamiento del sector de la discapacidad a nivel nacional que afecta directamente a quienes prestan servicios en esta área. Ante esta situación, espacios como centros de día, talleres protegidos y escuelas especiales se ven en peligro de cierre e imposibilitadas de afrontar pagos de sueldos o servicios.

Según indica la fundamentación del proyecto, el cierre de estos espacios fundamentales para la sociabilidad y el desarrollo atenta contra el acceso a derechos mínimos. Entre las consecuencias más graves de esto se encuentran el incremento de la depresión y las tasas de suicidios. El texto parlamentario también resalta que en nuestro país rige con jerarquía constitucional la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que “garantizar el derecho a la educación y la participación de las personas con discapacidad debe prevalecer en los intereses de la provincia”