El gobierno nacional de Javier Milei busca derogar la Ley de Tierras 26.737 que limita la extranjerización del territorio nacional mediante el  proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Organizaciones y especialistas advierten que esta modificación pone en riesgo la soberanía y le quita al Estado el control de la fronteras y los recursos naturales.

Según el cuarto informe del Observatorio de Tierras del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas (UBA), el proyecto de La Libertad Avanza “debilita las capacidades estatales de regulación y abre el territorio a una lógica de mercado sin resguardos suficientes. (…) se trata de una “ley de extranjerización” que pone en riesgo el acceso del pueblo argentino a los bienes comunes.”

La iniciativa del gobierno nacional busca derogar los artículos 8, 9 y 10 de la ley vigente. Esto elimina el límite actual del 15% a la titularidad extranjera sobre el territorio nacional, provincial y municipal. Quita además el límite del 30% por nacionalidad dentro de ese porcentaje y el tope de 1000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo. Esto le quita al Estado las herramientas vigentes para prevenir procesos de concentración y extranjerización del territorio a gran escala. 

Otro punto sensible es el que respecta al acceso al agua. La derogación quita la restricción a que extranjeros adquieran tierras ribereñas o con acceso a cuerpos de agua como lagos y ríos. Esto también debilita su articulación con el régimen de zonas de seguridad de frontera. Esto encendió varias alarmas ya que podría permitir que el narcotráfico avance en zonas estratégicas y pone en peligro el acceso a bienes naturales comunes a partir de la pérdida del control estatal sobre las fronteras y los recursos estratégicos.