Miembros del Consejo de la Magistratura presentaron este lunes en el Salón Azul de la Facultad de Derecho un informe sobre las condiciones de detención de condenados por delitos federales y denunciaron que la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner cumple su condena con más restricciones que los condenados por crímenes de lesa humanidad y narcotráfico. Los datos del informe se obtuvieron de los pedidos de Acceso a la Información Pública Nros. 2/2026, 3/2026 y 4/2026 del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Los consejeros que expusieron los resultados del informe fueron Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti. El mismo detalla que más del 50% de los detenidos por delitos de lesa humanidad en Argentina no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas en sus domicilios con  normalidad. Todos los expositores coincidieron en que esta situación no responde a criterios jurídicos objetivos, sino a una decisión política orientada a limitar su actividad pública y por ese motivo calificaron a las restricciones como discriminatorias. 

Al respecto, Vanesa Siley presentó datos que dan cuenta del carácter arbitrario y discriminatorio de las condiciones de detención impuestas a Cristina.  Señaló por ejemplo que en la Ciudad de Buenos Aires hay seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna tiene restricción en sus visitas, como sí ocurre con la ex mandataria. Tampoco tienen esta restricción ninguna de las personas privadas de su libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública.  Sobre esto Siley expresó: “Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”. Respecto a la violación de garantías constitucionales señaló: “A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales” 

En esa línea, la senadora Anabel Fernández Sagasti criticó al Poder judicial y cuestionó a la Corte Suprema de Justicia, a la cual calificó como uno de los principales problemas institucionales e indicó: “La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo. Tenemos que construir un diagnóstico para saber qué vamos a hacer. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”.

Sobre los objetivos políticos de la situación denunciada,  Mariano Recalde afirmó: “Cristina es una presa política. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo. El informe demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia; es una decisión política destinada a impedir que Cristina reorganice al peronismo y continúe haciendo política”. Asimismo, el diputado Rodolfo Tailhade sostuvo: “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país. Incluso las encuestas que publican los medios más hostiles la muestran con la mejor imagen”.